El Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía del Estado
instauraron la pena de muerte a líderes corruptos que malversen o reciban
sobornos superiores a los 463 mil dólares.
La
medida entrará en vigor desde la publicación y supone una revisión del Código
Penal de 2015 donde no se estipulaban las cantidades exactas para justificar o
no su aplicación.
Si el acusado confiesa el
delito o devuelve el dinero malversado, la pena capital se suspendería por dos
años y en los hechos, significaría la conmutación por cadena perpetua, que es
la condena habitual para los casos de corrupción en el país.
Adicionalmente, los altos
cargos pueden ser juzgados por complicidad de no denunciar la corrupción de
colegas cercanos, incluso si estos forman parte de su familia.
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