También se le condena a una
indemnización de 180.000 euros por un delito de homicidio por imprudencia grave
Un joven ha sido condenado a dos años de cárcel por
matar, tras un forcejeo, a un ladrón que le había arrebatado el bolso a una
mujer que se dirigía a su trabajo.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 9 de
Málaga, a la que ha tenido acceso Efe, le condena también a una indemnización
de 180.000 euros por un delito de homicidio por imprudencia grave.
El abogado defensor, Alfredo Herrera Rueda, ha
asegurado que lamenta la sentencia ya que se da un «mal mensaje» a la sociedad
en la que se criminaliza y castiga una conducta solidaria y hace pensar que,
ante una situación como ésa, «lo mejor es mirar para otro lado y no complicarse
la vida».
Los hechos se remontan al 8 de febrero de 2015, cuando
sobre las 7.45 horas una mujer iba camino a su trabajo en el Hotel Las
Palmeras, de Fuengirola (Málaga), para ejercer sus funciones de limpiadora.
La víctima fue golpeada por el ahora fallecido y su
pareja para arrebatarle el bolso, momento en que el acusado, que acababa de
salir del trabajo e iba con dos compañeras, salió corriendo tras el ladrón tras
las llamadas de auxilio de la misma y, tras darle alcance, se produjo un
forcejeo entre ambos.
El magistrado considera probado que existió el
forcejeo y que el acusado le propinó dos puñetazos al delincuente y le provocó
una caída al suelo y un traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral
que le causó la muerte dos días más tarde.
Para el juez, el acusado «fue consciente las graves
consecuencias que podría causar con su acción, aunque sin pretender ni
consentir la efectiva producción de la mismas» y, por ello, califica los hechos
de «imprudencia grave» por la omisión «de precauciones básicas y elementales».
El abogado, que recurrirá la sentencia, ha lamentado
esa argumentación y ha afirmado que se le exige al ciudadano «una previsión de
lo que pueda ocurrir al intentar ayudar a una persona desvalida que está siendo
apaleada para robarle el bolso".
Ha criticado que «ese mismo Estado, que ahora castiga
su conducta solidaria con una condena de dos años de prisión y una descomunal
indemnización de 180.000 euros a favor de las hijas del fallecido y de las que
él nunca se había ocupado, no ha tenido la previsión de llevar a efecto una
orden de busca y captura vigente desde hace mucho tiempo contra el agresor».
Para el abogado, fue un golpe que tuvo unas consecuencias
impredecibles, y ha subrayado que en una persona sin los antecedentes de
alcoholismo y drogadicción como los de la víctima, no hubieran tenido esas
«trágicas, fatales e indeseadas consecuencias».
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