Las imágenes de los últimos días, con playas
abarrotadas por el buen tiempo, ponen de relieve el problema. «Con la irrupción
del coronavirus, nuestro Ayuntamiento no tiene la capacidad económica para dar
respuesta a las nuevas necesidades que habrá que poner en marcha en las
playas», explica a este diario Enrique Riestra Rozas, alcalde de Llanes
(Asturias). Un municipio que se encuentra entre los que cuenta con mayor número
de arenales de España, con 40 playas.
El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, en
Pontevedra, que abrió recientemente sus playas, asume que carece «de los medios
para el monitoreo constante de las arenas» y ya anticipó que el trabajo que se
llevará a cabo «será principalmente informativo, a través de carteles y la
presencia ocasional de Protección Civil y Policía Local».
«Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo
que podamos para garantizar la seguridad, pero no disponemos de recursos
suficientes. Son urgencias nuevas y demandamos tanto al Estado como a la
Comunidad apoyo y respuesta para un grave problema que va más allá de la
capacidad de gestión de una administración local», reflexiona Riestra Rozas.
«Necesitamos cobertura del Gobierno y del Principado de Asturias para ordenar
los accesos y controlar los aforos...».
La problemática es, sobre todo, para las localidades
más pequeñas. Gobierno y Autonomías creen que la competencia en municipal. Se
amparan en la Ley de Costas, que en su artículo 115 establece que las
competencias municipales abarcan el mantenimiento de las playas, así como la
vigilancia de la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la
Administración. Sin embargo, muchos municipios piden revisar o clarificar las
competencias, al no considerar que sea una responsabilidad local. También se
quejan de lo cambiante de la legislación.
La Federación Asturiana de Concejos (FACC) reunió esta
semana a los municipios costeros para abordar el problema. Entre otros asuntos,
acordaron una línea de trabajo para reclamar a los Gobiernos central y regional
un fondo extraordinario para afrontar los gastos que generen los arenales.
También pide la cooperación técnica de la Comunidad para establecer y gestionar
el operativo, así como la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado para su control.
«Será un verano diferente al que estamos
acostumbrados, tendremos que aprender a convivir con limitaciones de aforo para
asegurar la distancia y evitar aglomeraciones», apunta Gaspar Miras, alcalde de
Mazarrón (Murcia). Como muchos alcaldes, afronta un importante sobreesfuerzo
económico para mantener el atractivo turístico y la reactivación económica.
«Para vigilar el cumplimiento de estas medidas y que
no se sobrepase el aforo tenemos previsto contratar personal de control e
informadores. Todo ello, junto al incremento de la limpieza y las medidas de
información, supone hacer frente a un gasto muy importante, con el fin de
garantizar que Mazarrón sea un destino seguro», asegura Miras.
En Rota (Cádiz), por ejemplo, su Ayuntamiento señaló
«la imperiosa necesidad de que la Junta de Andalucía ayude a los municipios
costeros como el de Rota, que no sólo tiene que asumir unas competencias de
seguridad sanitarias excepcionales para poder abrir sus playas, sino que
también tendrá que soportar el importante esfuerzo y sobrecoste que va a tener
la puesta en marcha y control de las medidas de seguridad sanitarias».
En este sentido, la Junta de Andalucía anunció hace
unos días que destinará 24 millones a la contratación
de 3.000 auxiliares de control de playas. El salario que
percibirán rondará los 1.900 euros netos mensuales y realizarán labores de
información del control de acceso y aforo de las playas.
Desde el Ayuntamiento de Denia (Alicante) reconocen que
las tareas de vigilancia y control «se hacen más complicadas por la cantidad de
espacio a cubrir -26 accesos principales a las playas-». Las de vigilancia y
socorrismo estarán cubiertas por un total de 62 socorristas de Cruz Roja,
mientras que la Policía Local, como en la mayor parte de municipios, será la
encargada del aforo y control de acceso. A sus tareas habituales, sumarán una
especial atención a la vigilancia del flujo de personas en las playas. Esta
localidad contará con una unidad de drones para controlar el aforo.
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