El ministro de Sanidad, Salvador Illa/Foto: Maya Balanyà/Pool /Maya
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El 20% de los proveedores a los que el Ministerio de
Sanidad compró material sanitario con el que hacer frente a la pandemia de
Covid-19 fueron, en principio, desconocidos. Además, el importe de las
adquisiciones que se hicieron a estas empresas representan un 54,2% del total
gastado, más de 577 millones de euros. Así lo pone de manifiesto un informe de
la Fundación Civismo en el que se apunta que, según el Boletín Oficial del Estado
(BOE), España figuraba como país de residencia de estos suministradores y, el
12 de mayo, hubo que modificarlo por China. Según informa la Fundación Civismo,
dichos datos están extraídos a partir de 77 contratos elevados a públicos por
el Ministerio de Sanidad, y evidencian “la confusa gestión que ha realizado el
Gobierno de España en la compra de este material”, lo que se ha traducido en
retrasos. Según el informe, a fecha de 17 de marzo el Ministerio tan sólo había
repartido medio millón de mascarillas y hasta el 26 del mismo mes no se anunció
un nuevo contrato por valor de 500 millones de euros. Esto, asegura el texto,
ha provocado desabastecimiento de las autonomías, algo realzado por la
centralización, y que el personal sanitario se encontrara desprotegido. Con
fecha de 14 de mayo, España era el primer país del mundo con más infectados por
millón de habitantes (5.831) y el segundo en números absolutos, sólo por detrás
de EE UU.
El informe resalta además la falta de especialización
de algunas de las empresas a las que se adjudicaron los contratos. Cita en
concreto dos: Hyperin Grupo Empresaria, con un CNAE de 2.352, se dedicaba a la
fabricación de cal y yeso, pero se le encargaron 144 respiradores por valor de
3,3 millones de euros, mientras que a Value&Bro, con un CNAE de 6.910,
correspondiente a actividades jurídicas, se le asignaron dos contratos por
valor de 9,3 millones de euros, en concepto de 1,4 millones de hisopos,
suministrados a diferente precio, pese a haberse adjudicado en la misma fecha
(17 de abril).
Los autores, José Francisco López y Francisco Coll,
subrayan que “aunque es cierto que el Gobierno debía actuar con la máxima
rapidez posible y que muchas empresas se han reconvertido, cuesta creen que en
España no hubiera compañías especializadas en un campo determinado, lo cual
habría dotado a la transacción de mayores probabilidades de éxito”. Frente a
las ineficiencias del sector público, el informe repasa cuál ha sido la
actuación del sector privado. Según apunta, las donaciones directas de 15
empresas españolas han supuesto un 35% de todo lo invertido por el Ministerio
de Sanidad (381 millones frente a 1.064).
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