· La ONU denuncia "mujeres y niñas explotadas con frecuencia" y vacíos en atención y pide al Estado que dé refugio y asilo
Refugiados venezolanos intentan cruzar hacia Colombia
por Cúcuta. Marco Bello MUNDO
Sara estaba intentando cruzar ilegalmente la frontera
cuando unos hombres se ofrecieron a llevarla por una aduana oficial. Ningún
funcionario hizo preguntas. Al llegar a Colombia, Sara fue encerrada y
explotada sexualmente. Quedó embarazada, logró huir y hoy está escondida en
algún lugar de Colombia. Tiene 19 años.
Hay miles de venezolanas víctimas de trata, trabajos
forzosos y sumisión doméstica en su país y en naciones como Brasil, República
Dominicana, Haití, Colombia, Panamá, Chile, Uruguay, Argentina, China o España
El 99,8% de las prostitutas extranjeras en Bogotá son
venezolanas y siete de cada 10 es allí donde son explotadas por primera vez en
sus vidas.
Migrantes prostituidas.
Migrantes violadas.
Migrante y mujer.
Migrante y víctima.
Les presentamos la cara oculta del éxodo venezolano.
La gran puerta de atrás de este peregrinaje triste es
Colombia, país que hace frontera con Venezuela y que entre 2016 y 2019 ha recibido más de 900.000
refugiados. Y refugiadas.
El pasado febrero, cinco organizaciones venezolanas y
una colombiana de defensa de los Derechos Humanos enviaron a Naciones Unidas un
demoledor documento sobre la desventura de las emigrantes de Venezuela y las
carencias de Colombia para atenderlas. El Informe Sombra sobre el Noveno
Informe de Colombia ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer es contundente: "Faltan mecanismos de identificación y de
asistencia a las mujeres y niñas víctimas de trata procedentes de Venezuela
(...) Algunas fueron víctimas de violencia sexual, maltrato físico y amenazas
por desconocidos, posiblemente vinculados a organizaciones criminales que
actúan en la frontera (...) Las migrantes venezolanas se enfrentan a graves
riesgos y están en situación de extrema vulnerabilidad".
Naciones Unidas ha respondido en mayúsculas. En un
dossier fechado el 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer-, el Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en sus siglas en
inglés) expresa su "preocupación" por
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qué las "mujeres y niñas migrantes de Venezuela
sean víctimas y explotadas con frecuencia". "A este Comité le
preocupa que en 2016 sólo una víctima de trata recibió protección de la Oficina
del Fiscal General y que, pese al Decreto Presidencial 1069/2014, que estipula
que se debe otorgar apoyo a las víctimas de trata, no hay refugios operados por
el gobierno dedicados a las víctimas de la trata". Por eso, el CEDAW
"recomienda" a Colombia que "establezca refugios y centros de
crisis financiados y equipados y ofrezca reintegración a las mujeres y niñas que
son víctimas de trata".
Hablamos de vacíos estructurales en identificación,
protección, ayuda médica y psíquica, interrupción del embarazo, asilo y
asesoría jurídica.
Víctimas doblemente víctimas.
El Registro Administrativo de Migrantes venezolanos en
Colombia indica que de las 219.799 mujeres inscritas hasta el pasado junio,
8.209 estaban embarazadas. El espanto es lo que seguía: el 98% no poseía ningún
tipo de seguridad social y el 77% no tenía acceso a controles prenatales.
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"Ante la crisis humanitaria en Venezuela, estamos
viendo la violencia y discriminación que sufren mujeres y niñas en su migración
y en sus lugares de asentamiento. Muchas no hallan atención digna para sus embarazos.
Otras quedan embarazadas por violencia sexual y son forzadas a continuar su
gestación o buscar abortos furtivos que amenazan su vida. Y otras sufren
explotación sexual o doméstica y son vistas como 'ilegales' y no como víctimas
de trata". Es Angélica Cocomá, abogada colombiana de la organización
internacional Women's Link Worldwide, uno de los seis colectivos del Informe
Sombra.
El dictamen denuncia que las mártires de
"trata" [captación violenta para explotación laboral, doméstica o
sexual] son confundidas con las de "tráfico" [traslado a otro país
por medios ilegales]. Subraya que sólo se atiende a quien busca ayuda
institucional, "cuando es excepcional que una víctima de trata de
autoidentifique". "Las extranjeras son expuestas a la deportación con
riesgo de ser captadas nuevamente por sus tratantes".
María salió de Venezuela cuando el rugir de sus tripas
era ya una banda sonora de hambre. Llegó a Colombia con un trabajo pero
adquirió una deuda con sus empleadores por el traslado y tuvo que saldarla a
base de esclavitud sexual. Tiene 26 años.
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El Ministerio del Interior colombiano informó en 2018
del rescate de 23 venezolanas "presuntas" víctimas de explotación
sexual. El Informe Sombra refleja que Interior adujo que ninguna se
autoidentificó como tal, "lo que depositó una carga desproporcionada en
ellas", y critica que no se analizó el riesgo de devolverlas a Venezuela y
que sólo se les dio un kit de aseo y atención médica. "Ni seguridad, ni
alojamiento digno, ni asistencia médica, psicológica y jurídica".
Women's Link ha comprobado que mujeres y niñas
violentadas sexualmente "no reciben atención en urgencias y son
revictimizadas". "Los hospitales no informan de violaciones si es una
menor de 14 años. Las autoridades estatales desconocen cómo atender a
venezolanas víctimas de violencia sexual. Ante la ausencia de casas de acogida,
duermen en la calle o en casas de personas que les exigen servicios sexuales
como contraprestación a la vivienda", acusa el Informe Sombra de Women's
Link y las ONG venezolanas Mujeres en Línea, Justicia y Paz, AVESA, FREYA y
Equivalencias en Acción.
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Cuando huyen de sus proxenetas o sus agresores, las
víctimas se topan con la violencia de Estado: para recibir atención médica
deben regularizar su estatus migratorio y afiliarse a un seguro, el eterno
miedo de cualquier migrante que se pasa la vida huyendo. Pero esa exigencia es
ilegal, ya que la propia Corte Constitucional colombiana establece el derecho a
la salud de los migrantes, incluso irregulares, ya que "la garantía de
derechos fundamentales no deriva de la condición de ciudadano, sino de la de
ser humano que habita en Colombia".
Estamos ante la sofisticación de la violencia de
género. Y el CEDAW vuelve a amonestar: "Preocupa que el decreto 1288/2018,
que garantiza la atención médica a personas con estatus migratorio irregular,
sólo se aplique en una emergencia, pero sin especificar qué constituye una
emergencia". Así, pide a Colombia "atención prenatal y postnatal a
las embarazadas y lactantes venezolanas independientemente de su estado
migratorio". Y que "aclare qué es una emergencia para garantizar que
las complicaciones del embarazo se clasifiquen como emergencia".
La última pata de la indefensión son las
"barreras legales" y las "largas demoras" para la concesión
del estatuto de asilo o de refugiado. El Informe Sombra alerta de que Colombia
puede negar un asilo cuando ya se esté ejecutando una deportación, algo que
"desconoce la naturaleza misma del derecho de asilo y puede exponer a una
víctima de trata a una expulsión sin garantías".
El CEDAW es tajante: "El Comité está seriamente
preocupado por que la regulación de asilo no da a los solicitantes acceso a
servicios básicos ni derecho a trabajar, lo que lleva a algunos a no pedirlo.
El Comité toma nota de que la situación legal actual tiene serias implicaciones
para mujeres en situación migratoria irregular, especialmente las
venezolanas".
Migrantes venezolanas...
El Comité de Bogotá para la Lucha contra la Trata
señala que el 30% de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas
venezolanas. El Observatorio de Equidad de Género calcula que el 74% de
venezolanas que ejercen la prostitución lo hacen por primera vez en Bogotá:
"Están expuestas a enfermedades, son víctimas de abuso policial,
discriminación, retenciones ilegales y violaciones".
El informe Trata de personas, trabajo forzoso y
esclavitud moderna, realizado por Paz Activa con ayuda financiera de la
Embajada del Reino Unido en Caracas, sitúa redes de tráfico y de trata que se
están aprovechando del "éxodo masivo" de venezolanos. "Tenemos
venezolanas que son llevadas a tierras cercanas como Cúcuta, Colombia, donde no
sólo son explotadas por la venta de favores sexuales, sino que, en la
competencia con las nativas colombianas, deben ceder a las exigencias de los
cuerpos de seguridad de ese país, cayendo en revictimización a través de
explotación sexual y pagos de 'coimas' [soborno] para mantener su trabajo".
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La abogada Beatriz Borges, una de las autoras del
informe, asegura que, en sólo dos años, "los casos de esclavitud moderna
han crecido un 300% y son ya 198.000 personas".
¿Quién emigra? Desafíos.com.ve cita a Daniela Inojosa,
una activista chileno-venezolana del colectivo La Araña Feminista: "Antes
de 2012, la trata de venezolanas era casi imposible porque las pobres migraban
muy poco. Pero ahora hay una gran migración económica de las clases populares.
Las venezolanas son captadas bajo ofertas de trabajos que no requieren
experiencia, como mesoneras, modelos o anfitrionas. Algunas venezolanas no
están involucradas en un mundo sórdido, no les quitan el pasaporte o las
obligan, sino que la prostitución se les presenta como la única opción. La
mayoría de las migrantes son mujeres solas con la urgencia de sostener
económicamente a sus familias en Venezuela".
Gabriela era más joven que Sara y que María cuando vio
interrumpida para siempre su niñez. Dos hombres la atacaron en una trocha [frontera
clandestina]. La golpearon, la violaron y la amenazaron con matar a su familia
si denunciaba. La dejaron embarazada y trató de abortar.
Hoy vive de incógnito en la otra punta de Colombia.
Tiene 16 años.
RAFAEL J. ÁLVAREZ
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