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Igualdad
planea incluir como agravantes la violación en pareja o el uso de fármacos para
anular la voluntad de la víctima y estudia cómo castigar el acoso callejero
Concentración contra la sentencia de La Manada frente
al Ministerio de Justicia, en 2018. carlos rosilo
Es la primera gran medida del Ministerio de Igualdad y
uno de los compromisos que anunció el presidente del Gobierno: una ley sobre la
libertad sexual que prevé cambios transversales que van desde la formación de
quienes atienden a las víctimas, a la educación, la prevención o la respuesta
institucional. La propuesta, que el ministerio que encabeza Irene Montero ultima en estas
semanas porque quiere presentar el texto en fechas cercanas al 8 de Marzo, planea eliminar del Código Penal el
concepto de abuso y reducir las penas por agresión. Además, contempla
añadir como agravantes tanto las violaciones dentro de la pareja como aquellas
que se producen cuando la víctima tiene anulada su voluntad por haber ingerido
fármacos o drogas.
La nueva norma se basa principalmente en la proposición de ley que Unidas
Podemos presentó en julio de 2018 —que se denominó Ley de
protección integral de la libertad sexual y para la erradicación de las
violencias sexuales, aunque ese no será el nombre definitivo— y, en menor
medida, en las recomendaciones que un grupo de especialistas (la llamada comisión general de
codificación) envió al anterior Gobierno del PSOE después de la
conmoción social que produjo el caso de La Manada, la violación de una joven en
Pamplona en 2016 por cinco hombres.
La iniciativa, en fase de borrador, puede sufrir
modificaciones desde ahora a su entrada en el Consejo de Ministros. Y también
en la posterior fase de tramitación en el Congreso, donde la coalición
PSOE-Unidas Podemos está en minoría.
El consentimiento
En el eje de la nueva ley estará el consentimiento de
las mujeres, un consentimiento “libre, revocable y para unas prácticas
concretas” en las que prima el mutuo acuerdo y el derecho a decidir sobre el
propio cuerpo, como recogía la proposición de 2018 y recomienda el convenio del
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer
y la violencia doméstica, el llamado Convenio de Estambul que España ratificó
en 2014.
La futura ley planea eliminar el concepto de abuso y
considerar todos los casos como agresiones sexuales, una idea que se ha
mantenido desde que se empezó a plantear la revisión del Código Penal con el
escándalo de La Manada. Ese cambio de filosofía, no obstante, no conlleva penas
más altas. De hecho, los castigos que se barajan se reducen respecto a los que
prevé el Código Penal.
La pena mínima por agresión sexual en la nueva
propuesta, según fuentes de la negociación, es de uno a cuatro años frente a la
horquilla de uno a cinco años que recoge el Código Penal en su artículo 178. La
agresión con penetración o asimilados (vía vaginal, anal o bucal o introducción
de objetos) irá de cuatro a 10 años frente a los seis a 12 que contempla el
Código en el artículo 179.
La intención, según explican desde el equipo de
trabajo, es desterrar la idea de que se pedían cambios “punitivistas”.
Argumentan que el movimiento feminista, las mujeres que protestaron en las
calles contra las dos primeras sentencias de La Manada que condenaron por abuso
y no por violación, no se movilizó por los años de condena o para que los
castigos fueran más altos. Pedían que no se cuestione a las víctimas y
defendían que si cinco hombres acorralan y violan a una mujer en un portal de
dimensiones reducidas sí que existe violencia e intimidación, como finalmente
reconoció el Tribunal Supremo en ese caso.
El debate sobre las penas también se planteó en la
comisión de expertos previa. Los juristas barajaron que la violación no
superase la pena máxima de los homicidios, que suponen 15 años de cárcel, salvo
en delitos acumulados. Así quedan otros aspectos:
Agresiones en grupo. El plan es recoger
las agresiones en grupo como un nuevo agravante y no como un tipo específico como salía
en la propuesta de Unidas Podemos de 2018. El Supremo señaló
un camino en la sentencia de La Manada que se puede aplicar sin necesidad de
cambios: no fue una sola violación y todos los implicados actuaron como “cooperadores
necesarios” del resto, lo que podría haber multiplicado exponencialmente las
penas. Es lo que ocurrió el pasado diciembre con la sentencia de la Audiencia
Provincial de Burgos a tres exfutbolistas de la Arandina por agresión sexual a
una adolescente de 15 años. La pena para cada uno de ellos,
aún no firme, es de 38 años de cárcel —14 por su agresión y 24 como
cooperadores necesarios—.
Si viola la pareja. Cuando la víctima es
o ha sido esposa o novia de su agresor sexual se considerará un agravante,
aunque no hubieran tenido convivencia. Igual que pasa con el consentimiento, es
un cambio que responde a lo dictado por el citado acuerdo europeo, el Convenio de
Estambul y que supone incluir la perspectiva de género en la normativa. Es una
modificación que también recogía la propuesta de la
comisión de codificación.
Víctimas drogadas. Otro de los
agravantes que se añadirán es el relacionado con que el agresor anule la
voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra
sustancia que sirva para ello.
Acoso callejero. Es uno de los
aspectos que ha generado más debate y cuya inclusión aún se está ultimando. La
propuesta inicial de Unidas Podemos recoge castigar con multas o trabajo a la
comunidad para quien dirija en la vía pública a una persona “proposiciones,
comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista” que supongan una
situación intimidatoria. Ese apartado está en revisión, explican fuentes del
Ejecutivo, y se está reajustando porque ha habido jurisprudencia desde que se
presentó la proposición de ley de Unidas Podemos hasta hoy.
“Se trata de convertir el ‘yo sí te creo’ en política
pública”
La propuesta de ley con la que trabaja el Gobierno, la
que presentó Unidas Podemos en 2018, va mucho más allá de cambiar el Código
Penal. Considera la violencia sexual como una vulneración de los derechos
humanos y prevé combatirla con medidas transversales que ayuden a prevenir los
casos.
La nueva normativa recogerá entre sus aspectos
esenciales la formación de todos los profesionales implicados en el proceso de
prevención de los casos y de atención a las víctimas cuando las agresiones se
produzcan. Eso supone revisar, por ejemplo, la formación de sanitarios que
atienden a una mujer, para que puedan detectar, asistir y ayudar a rehabilitar
a las víctimas. O la de las fuerzas de seguridad del Estado que recogen su
denuncia, a los que también se instruirá en temas con perspectiva de género y
en medidas de protección integral contra la violencia sexual, igual que en la
judicatura. “Se trata de convertir el ‘yo sí te creo’ en una política pública”,
resumen fuentes del Gobierno.
Entre otras razones, para evitar la revictimización de
quienes, en muchos casos, sufren primero por la agresión y, en segundo lugar,
porque quienes las atienden no están preparados para ello.
El proyecto prevé ampliar las competencias de los
juzgados de violencia sobre la mujer y de la Fiscalía especializada para que
también traten causas relacionadas con violencia sexual. E incluir la
prevención y la sensibilización en el ámbito educativo, con la implantación de
contenidos sobre educación sexual para el alumnado en todos los niveles a
partir de primaria. Todos estos aspectos requieren fondos económicos
específicos que deberán incluirse en la memoria de impacto presupuestario.
Fe de errores
En una versión anterior de esta información se incluía
por error que la propuesta de 2018 de Unidas Podemos alude a un consentimiento
“libre, irrevocable y para unas prácticas concretas”. La frase correcta es con
el término "revocable"
