Imagen de archivo de
un indígena yanomami acompañando a operarios de la agencia de medioambiente
brasileña durante una operación contra la minería ilegal de oro en tierra
indígena del estado de Roraima, en Brasil. Bruno Kelly Reuters
La mayoría de los casos
de la covid-19 identificados hasta el momento
en los pueblos amerindios se encuentran en la región de la Amazonia, tres en
Perú y 34 en Brasil donde, además, ya han fallecido cinco indígenas por esta
causa. “Exigimos que los Gobiernos de cada uno de nuestros países reconozcan de
manera pública su responsabilidad para con los pueblos y nacionalidades
indígenas como poblaciones especialmente vulnerables a la pandemia y se tomen
todas las medidas necesarias, culturalmente apropiadas y efectivas para
proteger a nuestras comunidades y territorios. En caso de acción contraria u
omisión pedimos a la comunidad internacional mantenerse en alerta máxima ante
la posible comisión de un acto genocida”, defiende la Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) en un comunicado publicado el 31 de marzo. En la
misiva, la Coordinadora apunta una situación de emergencia en todos los países
panamazónicos: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana,
Surinam y la Guayana Francesa. Los pueblos originarios de estos países se
enfrentan ahora a un doble problema: el primero, su falta de inmunidad ante
este nuevo virus. El segundo es menos mediático pero evidente para quienes lo
sufren: la intensificación de la actividad ilegal de mineros y extractivitas
aprovechando que la atención está completamente centrada en el seguimiento de
la pandemia.
“Es un llamado
de los pueblos indígenas de la Amazonia porque nos están ignorando”, declara
José Gregorio Díaz Mirabal, miembro del pueblo Wakuenai Kurripako, originario
de la Amazonia venezolana, y coordinador general de la COICA. En toda la Pan
Amazonia hay un total de 7.780 casos confirmados y 395 fallecidos, de acuerdo
con el mapa actualizado este 21 de abril por la Red Eclesial
de la Pan Amazonia (REPAM), que no diferencia entre casos de indígenas y no
indígenas en sus cifras.
La etnia sateré-mawé,
conocida como los guardianes del fruto del guaraná, es una de las que ya ha
sido tocada por el coronavirus: con un caso de contagio confirmado, varios
sospechosos y la muerte de un tuxaua, terminología sateré para
designar a los líderes ancianos de cada comunidad. “El fallecimiento ha dejado
a toda la aldea São Benedito de 90 personas en estricta cuarentena”, explica
con tristeza Sergio Batista Garcia Wara, miembro de esta etnia que habita la
Tierra Indígena Andirá Marau, situada entre los estados Amazonas y Pará.
“La tierra indígena
está en aislamiento desde hace casi un mes. Faltan elementos básicos de
higiene, como jabón, y para alimentarse muchas personas están recurriendo a la
pesca o a la caza, aunque estos recursos son cada día más escasos”, declara
Batista. En la profundidad de la selva, la vía fluvial es la principal opción
de transporte, en muchos casos la única, pero las autoridades locales han
prohibido la navegación para evitar la propagación del virus. No obstante,
estas restricciones también dificultan el abastecimiento de víveres esenciales,
entre ellos ciertos medicamentos urgentes.
Batista, que trabaja
en la localidad próxima de Parintíns como director del Consorcio de Productores
Sateré-Mawé, no ha podido desplazarse a la aldea indígena y guarda cuarentena
con sus hijos en la ciudad, donde ya se han confirmado 37 casos positivos de
coronavirus y cinco fallecidos. El Consorcio vende guaraná nativo a redes de
comercio justo de Francia e Italia, dos países duramente azotados por los
efectos de la covid-19, y está constituido por 336 familias indígenas asociadas
que se inquietan por el futuro de su única fuente de renta.
Pueblos en aislamiento voluntario
En el territorio
latinoamericano existen un centenar de pueblos originarios
en aislamiento voluntario, es decir, que no tienen ningún contacto con otra
población exterior, de acuerdo con las confirmaciones de la ONG Survival. “Las poblaciones en aislamiento
voluntario son extremamente susceptibles a este tipo de enfermedades virales
porque no tienen inmunidad ni para esta ni para ninguna de las respiratorias
que circulan en el resto del mundo”, explica el médico Douglas Rodrigues,
especializado en salud indígena. El mayor riesgo del coronavirus frente a otros
virus que también son desconocidos para estos pueblos es el potencial de
diseminación que presenta. “En el caso del coronavirus, nosotros estamos
reaccionando como indígenas aislados, ya que no tenemos ninguna memoria
inmunológica en la población y por eso se ha producido esta pandemia”, resalta
este profesional de la salud que trabaja con comunidades amazónicas e investiga
para la Universidad Federal de São Paulo.
Rodrigues afirma
contundente que la única medida para proteger a los indígenas en aislamiento
voluntario es mantenerse lejos y permitir que sigan aislados. No obstante, y
aunque esta reco-mendación parezca evidente, el nombramiento del antropólogo y
misionero católico Ricardo Lopes Días para ocupar el cargo de gestor de la
Coordinación General de Pueblos Indígenas Aislados y Recién contactados de la
Fundación Nacional del Indio (Funai) activó las alarmas de organizaciones indigenistas
como Survival Internacional. Lopes formó parte durante 10 años de la entidad
católica estadounidense Misión Nuevas Tribus, actualmente rebautizada como
Ethnos360, y actuó en el Valle del Javari, una de las mayores reservas
indígenas de Brasil donde se encuentra la mayor concentración de pueblos
originarios aislados. Esta organización, dedicada a la evangelización de
comunidades indígenas, tiene un especial interés en llegar a los pueblos
aislados. En 1987, los misioneros establecieron contacto con la etnia aislada
de los zo'é; pocos años después, un tercio de la población había fallecido por
enfermedades como gripe o malaria, y en 1991 la Funai determinó su expulsión
del área indígena. Si bien se abrió una investigación pública judicial sobre la muerte de los zo'é, la causa acabó archivada sin
demostrar la responsabilidad directa de los misioneros.
Una niña sateré-mawé de la aldea de Vila Nova, en la
tierra indígena Andirá Marau, Estado de Amazonas, Brasil. Este pueblo indígena
es de los más vulnerables ante el nuevo coronavirus. Luna Gámez
El pasado 3 de marzo,
la Unión de los Pueblos Indígenas del Valle del Javarí, Univaja, denunció el aumento reciente de y
"abrir las puertas de la Tierra Indígena para acciones nefastas de
proselitismo religioso". La demanda recibió el viernes 17 de abril una sentencia favorable por parte de la Justicia
brasileña, que prohibió el contacto de misioneros con etnias aisladas en el
Valle del Javarí.
Intromisiones arriesgadas para la
salud
La Amazonia, como un
todo, se está convirtiendo en un posible foco de contagios. Específicamente, el
Estado brasileño de Amazonas presenta desde el inicio de la semana una “curva
acelerada” de contagios, según confirmó el gobernador Wilson Lima, que alertó
de la falta de infraestructura sanitaria en los hospitales públicos de las
ciudades que ya están colapsando. La situación también es preocupante en otras
partes de la selva, como en el departamento peruano de Loreto, donde la mayor
parte de los habitantes son pueblos originarios y los servicios de salud son
escasos.
Aunque la Amazonia es
una región de accesos complicados, también es una gallina de los huevos de oro
para extractores de madera, buscadores de oro y otros mineros que ven en la
cuarentena un momento idóneo para explotar clandestinamente las áreas
protegidas. “Nuestros chamanes están trabajando para protegernos. Ustedes
también deben hacer su trabajo para evitar que la epidemia entre por los
caminos que abrieron los no indígenas”, declara el comunicado de la Asociación Hutukara de la etnia yanomami, que ya cuentan con un caso positivo y un fallecido
de su comunidad víctima de coronavirus. Este pueblo ancestral, de 26.780
habitantes que viven entre Brasil y Venezuela, son uno de los más amenazados
del todo el continente americano por la actividad relacionada con la minería
ilegal. Se estima que en sus tierras pueda haber 20.000 mineros clandestinos,
una cifra que casi iguala el número de indígenas. “Los garimpeiros
—buscadores de oro— abrieron caminos por los ríos, por aire y por tierra en el
área Yanomami. Esto es una gran amenaza para nuestra salud”, alerta la misiva
de esta tribu indígena.
A su lado, en la
vecina Guayana Francesa, las poblaciones indígenas Wayana, Teko y Wayãpi
también sufren las amenazas de los buscadores de oro ilegales. Por este motivo,
las comunidades que viven junto al río Maroni comenzaron a construir a finales
de marzo una barrera para impedir la circulación fluvial y, especialmente, para
bloquear el paso de los extractores. “Los buscadores de oro se están
aprovechando del confinamiento, sabemos que su actividad minera se ha
intensificado en los últimos días porque el agua del río viene mucho más
sucia”, declara Claudette Labonté, coordinadora de asuntos de la mujer para la
COICA y presidenta de la federación Parikweneh e indígena de la etnia palikur.
“El Gobierno francés afirma estar en guerra contra la covid-19, pero nosotros,
los pueblos autóctonos, enfrentamos un doble combate para seguir vivos: el
virus y los invasores”, afirma ella y denuncia el abandono total del Gobierno
francés, que ni siquiera les concede el estatuto de pueblo ancestral ni los
derechos derivados, como el acceso a la tierra.
La única medida para proteger a los indígenas en
aislamiento voluntario es mantenerse lejos y permitir que sigan aislados
La única medida que
el Ejecutivo galo ha establecido es el confinamiento total, lo que Labonté
califica de “ceguera política”, ya que no considera las especificidades de sus
formas de vida tradicionales. Muchos de estos pueblos indígenas viven en
estructuras comunitarias, con varias familias en una misma cabaña y con la
necesidad vital de salir a pescar para poder alimentarse. Labonté indica que
las áreas indígenas están bajo grandes presiones de explotación minera. “Nos
estamos preparando para un posible regreso de la conquista en nombre del oro”.
También en Ecuador
los mineros se aprovechan de la atención que genera la pandemia y del
confinamiento decretado en muchas regiones del país para intensificar sus
actividades. “La empresa Terraearth S.A. continúa trabajando durante el estado
de excepción sin tener permisos, sin licencia ambiental y sin respetar la
emergencia sanitaria y toque de queda, poniendo en riesgo a los habitantes de
la provincia de Napo”, denunció a finales de marzo a través de Twitter la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONIAE). Díaz, coordinador
general de la COICA y portavoz de los pueblos de la Amazonia, subraya que en
este momento “el oro vale más que el petróleo” y alerta de que la mayoría de
los pueblos amerindios que habitan la selva amazónica están preocupados por su
supervivencia. “Tememos que la enfermedad se propague y que, junto con la
invasión de nuestras tierras y la presión minería ilegal, se produzca otro
exterminio de los pueblos indígenas”
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