La Iglesia mantiene que son formadores de los profesores de
Religión
Campaña del
Arzobispado para promocionar la asignatura de Religión. J. C.
La Fiscalía provincial de Valencia ha encargado a la Policía Nacional
que investigue si la
Generalitat Valenciana, bajo el gobierno del PP, pagó la nómina de profesores de
Religión que en realidad trabajaban para la Iglesia Católica.
Según apunta la información a
la que ha tenido acceso EL MUNDO, la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional
rastrea si la Conselleria
de Educación pagó el sueldo de al menos 22 trabajadores de las tres diócesis como profesores
de religión pese a que estos nunca ejercieron en los centros en
los que estaban inscritos. Con un sueldo de 1.800 euros netos -cobraban
como jefes de departamento- y una duración de los pagos de cerca de 9 años, las
diligencias apuntan que la
Generalitat habría desembolsado hasta 9 millones de euros
por estos servicios.
En cambio, la Fiscalía ha pedido al
juzgado de Instrucción 3 el archivo de las diligencia abiertas por los
presuntos pagos irregulares a la concertada, tal y como avanzó el diario La Razón.
Según confirmaron fuentes
próximas al caso, Anticorrupción no aprecia delito pero sí posibles responsabilidad
contables por alcance y ha solicitado que el asunto lo asuma el
Tribunal de Cuentas para recuperar el dinero que se habría pagado en exceso a
través de un convenio que se habría prorrogado implícitamente hasta el año
2014.
Los 'zombies' de la Iglesia
Esta denuncia inicial la
presentó por registro de entrada en la Fiscalía la diputada de Compromís, Isaura Navarro.
En marzo se abrieron diligencias de investigación penal y la Fiscalía tiene seis meses
para investigar estos hechos y, si constata los indicios denunciados por la
coalición valencianista, elevará la denuncia a un juzgado.
En cambio, la causa se
archivará si considera que los pagos son legales. El plazo expira en septiembre
pero podría prorrogarse seis meses más en caso de que la Policía no haya finalizado
con sus diligencias prejudiciales.
Foto Internet
La responsable de Compromís
basó su denuncia en testimonios de funcionarios y la documentación facilitada
tras el cambio de gobierno en la que se especifica que los trabajadores
detectados en su hoja de servicios aparecían destinados a las Diócesis.
En la comparecencia en la que
anunció la denuncia, Isaura Navarro explicó que el ejecutivo de Alberto Fabra
(PP) intentó «blanquear» la situación después de que personal de la Administración
autonómica alertara de las irregularidades. No obstante, la Abogacía de la Generalitat tumbó el
decreto elaborado por el Gobierno del PP que sí que preveía que el llamado
asesor técnico docente pudiera ejercer en la diócesis al considerarlo «una
arbitrariedad» y «una cesión ilegal de trabajadores».
Finalmente, ante la
imposibilidad de regularizar su situación, añadió Navarro, estos 22
trabajadores tuvieron que acudir a las aulas. La denuncia de Compromís se
dirige contra los responsables de Educación de los Gobiernos del PP y los
arzobispos Agustín
García-Gasco, Carlos Osoro y Antonio Cañizares.
Foto Internet
Mientras, desde la Diócesis defendieron los pagos y aseguraron que
no existen zombies, pues este personal es el que forma a los profesores de
religión.
JUAN
NIETO Valencia
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