La Consejería de Educación se niega a pagar a un docente la indemnización
que no abonó el agresor
La consejera de Educación en funciones, Sonia Gaya, en una comparecencia
pública. EFE
Que un profesor reciba un puñetazo en la cara o un
golpe en la cabeza con una grapadora por parte de un alumno es tan accidental
como caerse por las escaleras. Al menos eso es lo que sostiene la Consejería de
Educación, que considera que, a efectos legales, una agresión de un estudiante
no deja de ser un «riesgo inherente» a su profesión.
Con ese argumento, el departamento que dirige Sonia
Gaya ha rechazado las pretensiones de un profesor al que un alumno atacó en un
instituto de Jaén. El menor fue condenado a un año de libertad vigilada, pero
también a pagarle al docente una indemnización de 1.580 euros que nunca abonó y
que la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) reclamó a la
Junta de Andalucía, con el mismo éxito que en el caso de la familia del alumno.
APIA demandó a la Consejería de Educación por la vía
Contenciosa y la llevó a juicio al considerar que, al no afrontar los padres
del alumno la indemnización, ésta correspondía a la Administración andaluza.
Pero la Junta se negó desde el primer momento.
Y lo hizo, en el juicio contencioso, en base a un
informe de sus servicios jurídicos que concluía que no había lugar a la
indemnización porque la Administración no había incurrido en ninguna responsabilidad
ni se le podía achacar ninguna deficiencia o inacción que hubiese podido
favorecer la agresión.
La abogada jefa de Educación
El informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO de
Andalucía, está firmado por la jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de
Educación, Gracia Gómez, y dice, literalmente, que el accidente sufrido por el
profesor del IES García Lorca de Jaén «constituye un riesgo inherente a su
profesión».
«La causa del daño -señala el informe de Educación-
fue absolutamente fortuita, no interviniendo en absoluto la Administración
Educativa en su producción o en la introducción de elementos que favorecieran
el accidente».
La agresión -que consistió en un puñetazo en la cara y
un golpe con una grapadora en la cabeza- no ocurrió, dice el informe jurídico,
por ningún motivo achacable a la Junta, sino «a consecuencia de las propias
especificidades y riesgos inherentes» a la profesión de docente.
La agresión tuvo lugar el 3 de febrero de 2016 y,
previamente, el alumno -diagnostica de TDHA y en situación de riesgo social y
familiar- amenazó al docente con cortarle la cabeza.
«Te voy a cortar la cabeza..., ten cuidado sé dónde
vives, conozco tu coche y ten cuidado con la familia», le dijo.
La respuesta de la Junta de Andalucía ha indignado al
colectivo de profesores de instituto. Hasta el punto de que ha reclamado la
«inmediata» dimisión de la jefe de los servicios jurídicos de la Consejería de
Educación y la comparecencia de la consejera para que dé explicaciones. APIA
concluye que, a tenor del informe, son «riesgos inherentes» que «se nos
insulte, se nos veje, se nos acose, se nos escupa, se nos golpee o se nos
empuje escaleras abajo».
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