El jubilado abrió una cuenta poco antes de morir junto a la madre del
acusado, que no comunicó el deceso para seguir percibiendo la prestación
Piden cárcel para un hombre que cobró la pensión de un difunto durante 22
años
Recibir un suculento sueldo extra durante más de dos
décadas a costa de un difunto sin que nadie se enterara. Eso es lo que hizo un
hombre que ahora se enfrenta a cuatro años de cárcel y una multa de 150.000 euros
por apropiarse indebidamente de la pensión de un hombre fallecido en el año
1995, desde el momento de su muerte, hasta el año pasado, cuando fue
descubierto por la propia entidad bancaria en la que retiraba regularmente la
cantidad abonada. Al final, tras un largo periodo burlando todos los controles,
tanto públicos como de la entidad financiera, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social se enteró de lo que estaba ocurriendo y comunicó la situación
irregular a la propia sucursal, poniendo punto y final a uno de los mayores
casos de picaresca que se recuerdan en Oviedo.
Según informa la Fiscalía del Principado de Asturias,
la madre del acusado y el fallecido abrieron una cuenta con ambos en calidad de
titulares en la oficina del Banco Santander de la calle Fray Ceferino de Oviedo
en 1995, donde al hombre le ingresaban cada mes la cantidad de 570 euros
correspondientes a su paga mensual como pensionista.
El jubilado falleció poco después, y su madre en 2012,
pero según el ministerio fiscal el procesado ocultó ambos decesos
"deliberadamente" con la única intención de seguir percibiendo la
pensión. Para ello, omitió el trámite de comunicar su fallecimiento tanto a la
propia Seguridad Social como al personal de la sucursal bancaria.
El varón aprovechó su condición de autorizado para
hacer operaciones en la cuenta bancaria para seguir recibiendo el sueldo del
jubilado fallecido desde diciembre de 1995 hasta marzo de 2017. Para ello,
acudía de manera periódica a la propia oficina bancaria, a veces mensualmente y
en otras ocasiones dejando un mayor margen de tiempo, para retirar en
ventanilla el dinero ingresado a nombre de la persona fallecida.
La Seguridad Social reclamó al banco el reingreso de
las últimas 55 pensiones domiciliadas al descubrir el fallecimiento de la madre
del acusado, pero al tirar de la manta se descubrió que la situación irregular
provenía ya desde el deceso del pensionista. Ahora, el banco le reclama al
procesado los más de 33.083 cobrados entre 2013 y 2017 para abonárselos a su
vez a la Seguridad Social, mientras que ésta también se personará en el juicio
para exigir la devolución de 103.185 euros correspondientes a los cobros
comprendidos entre 1997 y 2013.
La Fiscalía ve en estos hechos un delito contra la
Seguridad Social y pide una pena de cuatro años de prisión y una sanción
económica de 150.000 euros, además de la pérdida del derecho de obtener a ayudas
públicas o gozar de incentivos fiscales durante los próximos
cinco años. Asimismo, se exigirá una indemnización por responsabilidad civil
por las mismas cantidades reclamadas tanto por el banco como por la Seguridad
Social, al igual que las costas del juicio.
El juicio tendrá lugar el próximo día 25 de este mes a
las diez de la mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo. En el mismo
están personados el Banco Santander y la administración pública, en calidad de
perjudicados por un caso que pone en cuestión los controles llevados a cabo por
los responsables de controlar la caja de las pensiones.
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