El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
recurrirá a la sanidad privada para detectar posibles contagios por coronavirus
entre parte del cuerpo de empleados públicos. El Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), cuya plantilla está desbordada estos días por la tramitación de
los ERTE que están haciendo las empresas, ha firmado un contrato de 125.000
euros con la compañía Quirón Prevención para hacer test, de forma voluntaria, a
sus trabajadores que estos días están prestando los servicios mínimos de manera
presencial.
El organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo y
Economía Social, que dirige Yolanda Díaz, justifica este contrato, cuyo
formalización se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), porque el
SEPE no dispone de personal sanitario propio en sus servicios preventivos ni de
laboratorios que puedan realizar estas analíticas. Por ello, el ente ha
recurrido a un proveedor externo: Quirón Prevención, que actualmente ya presta
las funciones de Medicina del Trabajo a los servicios públicos de empleo.
Intervención
La contratación de una empresa de sanidad privada para
hacer esas pruebas contrasta con la actuación del propio Ejecutivo, que a
mediados de este mes intervino por decreto las clínicas privadas que estaban
realizando test de coronavirus para ponerlas a disposición de las necesidades
del Sistema Nacional de Salud a través de las comunidades autónomas.
Junto a ello, empresas como Siemens Gamesa han visto
perdido los miles de test que habían comprado para hacer a sus empleados cuando
vuelvan a su puesto físico de trabajo, una de las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), porque se les han requisado a los
proveedores que se los traían.
En este sentido, en los últimos días, y según fuentes
de la Administración autonómica consultadas por este diario, el Ejecutivo
estaría siendo más permisivo en su orden a las comunidades autónomas de
requisar ese material sanitario a empresas privadas e instituciones como los
ayuntamientos.
El SEPE, que ya ha sufrido bajas laborales por
coronavirus, argumenta en la memoria justificativa de este contrato de
emergencia que «la experiencia acumulada en las últimas semanas muestra que la
aparición de un caso compatible entre el personal que presta servicios mínimos
presencialmente puede haber supuesto el contagio a otros trabajadores/as,
haciéndose preciso adoptar medidas para conocer, de forma voluntaria para las
personas, si los posibles contactos laborales están contagiados o no a fin de
impedir su regreso al trabajo o bien hacerlo en condiciones de seguridad si no
se hubiese transmitido el virus».
Descartar casos negativos
En esa línea, el organismo continúa argumentando que
«para la propia persona con síntomas compatibles, la no confirmación puede
suponer extender el tiempo de cuarentena más allá de lo necesario en los casos
en que no se trate de infección por SARS CoV2».
El SEPE señala que, dada la situación actual del
sistema sanitario, dicho servicio sólo está disponible para las provincias de
Madrid, Barcelona, Málaga y La Coruña, donde prestan servicios mínimos más de
600 trabajadores, informa Ep. El ente estima que a través de este contrato, que
tendrá una duración de tres meses desde su formalización, se harán unas 500
analíticas con un coste, cada una de ellas, de 250 euros más el 21% de IVA, en
total 302,5 euros por prueba. Y llega a esa estimación de pruebas «teniendo en
cuenta», dice la memoria, «que casi todos los centros de trabajo presentarán
algún caso, que el ratio de transmisión es de 1 a 3 aproximadamente y que la
previsión de las autoridades sanitarias es que en torno al 70% de la población
se contagie en los próximos meses».
Incidencia del Covid-19
Esa previsión de que el 70% de la población se
infectará de coronavirus provocó ayer un nuevo embrollo en el Gobierno, que nunca
había publicado una estimación del número o porcentaje de la población que
estima que se contagiará por coronavirus. A última hora de la tarde de ayer, el
gabinete dirigido por Yolanda Díaz salió al paso de la publicación de ese dato
sobre la incidencia del Covid-19 en España señalando en un comunicado que se
trataba de un error.
Según las fuentes consultadas, los técnicos del
Ministerio habrían introducido esa referencia basándose en estudios científicos
públicos como uno de la Universidad de Harvard y en las estimaciones de otros
países como Alemania que apuntan también a incidencia de hasta el 70%, pero no
en cifras oficiales del Gobierno. Desde Trabajo insisten en que el Ejecutivo no
maneja ninguna previsión y que los ratios de transmisión y la incidencia en el
caso de España serán los que determinen los estudios epidemiológicos que empiezan
este lunes.
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